Nuestro país vive desde hace años un grave drama humano que hasta ahora no ha merecido la atención ni la acción del Gobierno. Entre el año 2007 y 2011 se han producido en España más de 151.000 desahucios, la mayoría de la vivienda habitual, que han dejado en la calle a miles de familias, en muchos casos con hijos.
El estallido de la crisis y el aumento del paro han provocado que miles de familias, entre ellas algunas de nuestra ciudad, hayan llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas ni hacer frente al pago de sus hipotecas.
Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de sus viviendas sino también al comportamiento abusivo de las entidades bancarias y a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia un proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, apoyándose en la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por un 50% del valor de tasación y sigue reclamando a las personas en situación de insolvencia el pago de la deuda restante, más los intereses y los costes judiciales. Esto les lleva a embargar nóminas, cuentas bancarias y bienes de todo tipo tanto al deudor como a las personas que lo han avalado.
Mientras estas familias quedan condenadas a la exclusión social y la economía sumergida, la entidad bancaria pone a la venta las viviendas embargadas a precios muy superiores al de adquisición, un beneficio que sólo revierte en el banco y nunca en los deudores.