Stop desahucios

(Defensa de la moción presentada por ICV-EUia en el pleno municipal de Sant Joan despí.)

Nuestro país vive desde hace años un grave drama humano que hasta ahora no ha merecido la atención ni la acción del Gobierno. Entre el año 2007 y 2011 se han producido en España más de 151.000 desahucios, la mayoría de la vivienda habitual, que han dejado en la calle a miles de familias, en muchos casos con hijos.

El estallido de la crisis y el aumento del paro han provocado que miles de familias, entre ellas algunas de nuestra ciudad, hayan llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas ni hacer frente al pago de sus hipotecas.

Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de sus viviendas sino también al comportamiento abusivo de las entidades bancarias y a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia un proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, apoyándose en la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por un 50% del valor de tasación y sigue reclamando a las personas en situación de insolvencia el pago de la deuda restante, más los intereses y los costes judiciales. Esto les lleva a embargar nóminas, cuentas bancarias y bienes de todo tipo tanto al deudor como a las personas que lo han avalado.

Mientras estas familias quedan condenadas a la exclusión social y la economía sumergida, la entidad bancaria pone a la venta las viviendas embargadas a precios muy superiores al de adquisición, un beneficio que sólo revierte en el banco y nunca en los deudores.

La legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por la mayor parte de as familias cuando firmaron los contratos hipotecarios.

Es totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad. Por una parte reciben recursos públicos que en muchos casos utilizan para tapar los agujeros dejados por la dación en pago que sí aceptan de constructoras, inmobiliarias o grandes propietarios de suelo. Y por otra parte se niegan a dar el mismo trato a las familias insolventes.

A pesar del impacto que los desahucios están teniendo en esos miles de personas, y de las movilizaciones llevadas a cabo por la Plataforma de afectados por las Hipotecas, este drama humano no ha merecido hasta ahora la atención del Gobierno, ni del actual ni de los anteriores.

Tampoco fueron sensibles a esta injusta situación los diputados y diputadas que nos representan en el Congreso cuando el pasado martes rechazaron una moción presentada por la Izquierda Plural, de la que forma parte nuestra coalición ICV-EUiA, en la que se pedía que en las situaciones de insolvencia quede saldada la deuda con la entrega de la vivienda, como ocurre en la mayor parte de los países de nuestro entorno. La votación se cerró con sólo 36 votos favorables, 181 votos en contra y 118 abstenciones. Una vez más quedó en evidencia el poder que ostentan las entidades financieras y la complicidad que reciben de los poderes públicos.

Se nos dirá que esta moción que presentamos hoy, muy parecida a la que se votó en el Congreso, es demagógica y extrema, y que no afecta a este pleno municipal. Y además, que el Gobierno va a solucionar el problema cuando apruebe en el Consejo de ministros de mañana Viernes un decreto Ley en el que se deja a la voluntad de los bancos aplicar un código de buenas prácticas. Pero lo cierto es que cada vez hay más opiniones a favor de la dación en pago, muchas de ellas de voces reconocidas en el mundo judicial, como el fiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana.

Se nos ha dicho que apelemos al sentido común. Pues bien, nuestro sentido común, y la lógica, lo que nos dicen es que con una dación en pago generalizada las pérdidas serían asumidas igualmente por las familias, que perderían su vivienda, y por los bancos, que se quedarían sin el dinero pendiente de pagar.

Podemos caer en la tentación de pensar que toda esta problemática no afecta a este pleno municipal. Pero no es así. Es cierto que depende de una normativa de competencia estatal, pero los efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos, y el de nuestra ciudad no es una excepción, se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

Y por último, acabo con una reflexión. ¿Qué pasaría si en una catástrofe natural perdieran su vivienda más de 150.000 familias? Lo que sucedería es que todo el país, empezando por el Gobierno, se volcaría con ellas. En cambio estas más de 150.000 familias desahuciadas por una actuación injusta de las entidades financieras no han merecido hasta ahora la más mínima atención, están abandonadas a su propia suerte, y obligadas a recurrir a los servicios sociales de los ayuntamientos.