Hace unos días la Mesa del Parlament aprobó la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía. Es una buena noticia. A partir de aquí se inicia todo el proceso, se constituirá la comisión de juristas del Parlament encargada de gestionar la legalidad de los federatarios y federatarias y los trámites de numeración y sellado de las hojas, y se comenzarán a recoger las 50.000 firmas que son necesarias para presentar la ILP al Parlament de Catalunya.
En una democracia encorsetada y con tics autoritarios como la nuestra, las leyes contemplan muy pocos mecanismos de participación directa de la ciudadanía. Uno de ellos es la ILP, una forma de que la ciudadanía pueda proponer una reforma legal siempre y cuando la propuesta vaya avalada por un número determinado de firmas.
Las entidades que promueven esta ILP vienen trabajando desde hace meses para que se haga realidad. Son muchas las personas, colectivos, organizaciones, sindicatos, que se han volcado para poder superar la oposición del gobierno de la Generalitat. El objetivo es garantizar que no haya nadie por debajo del umbral de la pobreza. En Sant Joan Despí, concretamente, nuestro grupo municipal ICV-EUiA presentó una moción de apoyo que fue aprobada por mayoría.
Esta es una propuesta de largo recorrido, recién ha comenzado y seguramente se prolongará en el tiempo. Se pide que se cumpla el artículo 24.3 del Estatut de Catalunya, que establece que "Las personas o familias que estén en situación de pobreza tienen derecho a una renta garantizada de ciudadanía que asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establezcan".
La Renta Garantizada Ciudadana es hoy más necesaria que nunca. El paro afecta al 25% de la población (52% son jóvenes). Sólo un 30% cobrarán algún tipo de prestación a finales de año y en cuanto al riesgo de exclusión social y pobreza infantil en Cataluña alcanza el 24%. Son números fríos que definen una realidad dramática.
Serían sujetos de este derecho las personas mayores de 18 años, que vivan como mínimo desde hace un año legalmente en Cataluña. La cuantía de la RGC la concretaría el Indicador de la renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) que cada año se fija por ley en los Presupuestos y que actualmente es de 664 €/mes (con una corrección de acuerdo con el número de miembros de la unidad de convivencia del 70%).
¿Y de dónde saldría el dinero? Como afirman los promotores de la ILP por una Renta Garantizada Ciudadana, se trata de abrir un debate y hacerlo con pedagogía social. Si se hiciera caso a las propuestas del Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda contra el fraude fiscal, Catalunya podría ingresar más de 12.000 millones de euros.
Texto de la ILP de la RGC
Informe del Síndic de Greuges
Vídeo en el que los promotores, con la colaboración de Ada Colau y Arcadi Oliveras explican con detalle la ILP:
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