El TTIP es el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos que se está negociando desde hace unos meses a espaldas de la ciudadanía y de sus representantes políticos. Es un acuerdo que va mucho más allá del comercio, y tendrá un impacto muy grande en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana: en la salud, en la alimentación, en el trabajo, en el medio ambiente, en los derechos laborales, etc.
Uno de los puntos más preocupantes es la inclusión del mecanismo que permitiría a los inversores extranjeros saltarse los tribunales nacionales y presentar sus quejas directamente a los tribunales internacionales de arbitraje. Así, si un tribunal de arbitraje concluye que las políticas de un gobierno, decididas democráticamente, pueden reducir las ganancias proyectadas de un inversor, se le podría obligar a pagar miles de millones en daños y perjuicios. Es algo que está pasando en otros países que ya tienen este tipo de acuerdos: sanciones millonarias a Australia por su legislación antitabaco, sanciones a Argentina por impuestos sobre la Energía , a Eslovaquia por paralizar privatizaciones de hospitales. Son ejemplos que demuestran que es un tribunal formado para defender los intereses de las grandes empresas, y que los antepone a las leyes de la propia democracia.
Cuando todavía estamos sufriendo las consecuencias de una crisis que tiene sus orígenes en un modelo de globalización económica sin derechos y sin reglas. Cuando asistimos al espectáculo de unos Jefes de Estado y de gobierno europeos sometidos a las decisiones de organismos no democráticos y no elegidos por la ciudadanía, como la Troika , ahora nos plantean otro paso más en esta dirección de economía global sin reglas políticas ni controles democráticos.
Entre los objetivos claves del TTIP está la reconversión de los servicios públicos. Mientras en la UE los servicios públicos constituyen uno de los pilares del Estado social y los servicios que se garantizan se consideran derechos sociales, uno de los objetivos del TTIP es convertir, como ya ocurre en otros países, especialmente en los EE.UU., los derechos sociales en mercancías, reguladas por los mercados.
Los EEUU no tienen ratificadas seis de las ocho normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluida la Convención sobre la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. La agenda de negociación del TTIP muestra que no hay ninguna intención de avanzar en mayor protección de los derechos laborales.
El lobby de la industria alimentaria pretende que con este tratado se reduzcan las exigencias de seguridad alimentaria que están establecidas en la Unión Europea , que son más exigentes que las de EEUU. De esta manera, se permitiría las importaciones de alimentos y semillas mezclados con productos transgénicos como ya ocurre en países como Canadá que tienen tratados similares.
Pero el objetivo último es generar un nuevo mercado de servicios para las multinacionales, además de abrir el importante sector económico de los servicios públicos en los países de la Unión Europea a la posibilidad de ser gestionados y gobernados por empresas privadas. Nada que en Cataluña nos venga de nuevo, donde los procesos de privatización de la gestión de importantes instituciones sanitarias van en la misma dirección.
ICV-EUiA ha presentado una moción al pleno de Sant Joan Despí que fue aprobada. En los próximos días habrá movilizaciones en todo el estado para denunciar este Tratado, también las habrá en nuestra ciudad. Os invitamos a participar en ellas.
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