Una vez disueltos los ayuntamientos y destituidos todos los alcaldes, fueron sustituidos provisionalmente por juntas de vocales asociados, siguiendo la normativa de la Ley Municipal de 1887. Los miembros de estas juntas eran elegidos por sorteo entre los vecinos contribuyentes repartidos por categorías (mayores, medianos, pequeños contribuyentes agrícolas, industriales, etc) y generalmente estaban muy vinculados al sistema caciquil que se pretendía erradicar.
A principios del año 1924 el régimen dictatorial consideró necesaria la elaboración de una nueva normativa municipal. El proyecto se llevó a cabo bajo la dirección de Calvo Sotelo, y quedó ultimado en tan sólo mes y medio. Después de ser debatido en tres sesiones del Directorio militar, fue sancionado por Alfonso XIII y publicado en el BOE el 8 de marzo de 1924. El Estatuto Municipal de 1924 supuestamente pretendía regenerar la vida municipal y desterrar el caciquismo, pero en la práctica el efecto fue el contrario, puesto que la sometió a un control asfixiante.